Proyecto Romero queda detenido en San Juan

Proyecto Romero queda detenido por orden de Abinader

SANTO DOMINGO. — El Proyecto Romero quedó detenido por disposición del presidente Luis Abinader, quien ordenó suspender de inmediato cualquier actividad relacionada con la iniciativa minera ubicada en la provincia de San Juan.

El mandatario explicó que la decisión responde a las inquietudes expresadas por la ciudadanía y al marco de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según Abinader, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esta categoría, no resulta viable continuarlo.

Proyecto Romero no tenía permiso de explotación

Abinader aclaró que la iniciativa solo se encontraba en fase de evaluación ambiental.

También indicó que bajo su gestión no se había otorgado autorización para explotación minera.

El presidente dijo que el origen del proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010.

Luego, en 2015 y 2018, se renovaron autorizaciones y se permitieron estudios técnicos para definir el alcance del proyecto.

Abinader dice que el Gobierno escucha

En un mensaje dirigido al país, el mandatario afirmó que su Gobierno escucha con atención, respeto y responsabilidad.

También sostuvo que cuando la ciudadanía expresa inquietudes, las autoridades deben actuar con prudencia y transparencia.

La decisión fue presentada como una respuesta institucional al rechazo social expresado en torno al proyecto minero.

San Juan queda en el centro del debate minero

La provincia de San Juan ha sido escenario de preocupaciones ambientales y comunitarias frente al desarrollo del proyecto.

El tema combina minería, agua, agricultura, consulta pública y protección ambiental.

Por eso, la suspensión no solo tiene impacto administrativo.

También representa una señal política sobre la necesidad de escuchar a las comunidades antes de avanzar con proyectos de alta sensibilidad territorial.

Ley 64-00 sustenta la decisión oficial

El presidente vinculó la medida con la Ley 64-00 y sus reglamentos.

Esa legislación establece principios de protección ambiental, participación ciudadana y evaluación de impactos.

La decisión oficial plantea que el rechazo masivo de la población impide continuar con una iniciativa de esta naturaleza.

Gobierno deberá definir próximos pasos

Tras la orden presidencial, las autoridades deberán precisar el alcance administrativo de la detención.

También deberán comunicar qué pasará con los estudios, expedientes, permisos y procesos pendientes.

El seguimiento público será clave para confirmar si la suspensión es temporal, definitiva o parte de un cierre formal del proceso.