Alertan riesgos de declarar emergencia en sector eléctrico

SANTO DOMINGO. – La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON) expresó preocupación ante la decisión del gobierno de declarar en estado de emergencia el sistema eléctrico.

COPYMECON advirtió que la medida podría empeorar la crisis en ese sector si no se aplican procesos transparentes, conforme a la 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Esa norma regula los procedimientos ordinarios y excepcionales de contratación, incluyendo en estas últimas situaciones de emergencia nacional, que sólo pueden iniciarse mediante decreto del Poder Ejecutivo

SECTOR CUESTIONADO

El presidente de COPYMECON, Eliseo Cristopher, manifestó que la medida abre puerta a prácticas que causaron la actual crisis eléctrica actual.

El sector, precisó, ha sido históricamente cuestionado por irregularidades en su actuación en compras y contrataciones.

Advirtió que la excepción podría favorecer privilegios indebidos, sobrevaluaciones y adjudicaciones sin competencia real.

La urgencia no puede sacrificar la transparencia. Por el contrario, debe reforzarse en momentos de dificultades para garantizar el uso eficiente y justo de los recursos públicos, afirmó.

PROPONE SUPERVISIÓN

COPYMECON propuso que toda medida de emergencia salvaguarde la rendición de cuentas, incluya a las MiPymes en los procesos, y fortalezca los mecanismos de supervisión.

Según la Ley 340-06 y su Reglamento, para la declaración de una emergencia nacional en el sector eléctrico o cualquier área, el Presidente emite un decreto, que activa el procedimiento de excepción previsto en el artículo 52.

Ese mecanismo permite que movimientos destinados a la atención de circunstancias graves e inminentes, como catástrofes naturales, calamidades públicas, crisis sanitarias o guerras, sean tramitados mediante selección competitiva abreviada.

No obstante, tales contratos deben ser registrados con posterioridad en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y en la Contraloría General, la que verificará la existencia de fondos.

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